Un Presupuesto aprobado con votos, pero cuestionado por su impacto social
El Senado sancionó el Presupuesto 2026 tras más de ocho horas de debate, otorgándole al Gobierno de Javier Milei una herramienta central para la segunda etapa de su mandato. Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, el oficialismo logró mostrar fortaleza política y enviar una señal de “estabilidad” a los mercados.
No obstante, la aprobación del plan de gastos no despeja las preocupaciones de fondo. Por el contrario, consolida un esquema presupuestario que prioriza el equilibrio fiscal por encima de derechos esenciales y necesidades estructurales del país.
Ajuste en educación y salud: el costo oculto del superávit
Uno de los puntos más criticados fue el artículo 30, señalado por distintos bloques como una “escoba” que barre los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia establecidos por ley. Legisladores de la oposición advirtieron que, al eliminar referencias obligatorias, el Ejecutivo gana discrecionalidad para reducir partidas clave.
Desde la Unión Cívica Radical, el senador Maximiliano Abad reconoció la importancia de contar con un Presupuesto, pero alertó que este modelo implica retrocesos concretos en áreas estratégicas para el desarrollo humano y productivo.
En la misma línea, sectores del peronismo remarcaron que la salud pública y el sistema educativo quedan expuestos a recortes indirectos, en un contexto donde la demanda social aumenta y las provincias carecen de recursos propios suficientes para compensar la falta de financiamiento nacional.
Provincias condicionadas y federalismo en tensión
Otro eje crítico del Presupuesto 2026 es su impacto sobre las provincias. Varios senadores denunciaron un esquema de transferencias condicionado, que refuerza la dependencia de los gobiernos locales respecto de la Casa Rosada.
El exgobernador chaqueño Jorge Capitanich habló de “coacción” y “coerción” financiera, mientras que el pampeano Pablo Bensusán advirtió que las transferencias previsionales mantienen montos similares a los de 2023, pese a la inflación acumulada, dejando a la mayoría de las provincias en una situación crítica.
Este enfoque debilita el federalismo y limita la capacidad de planificación de los distritos, que necesitan previsibilidad para sostener políticas públicas en salud, educación e infraestructura.
Proyecciones optimistas y discrecionalidad fiscal
El Presupuesto prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1.423 para diciembre de 2026. Para el oficialismo, estos números garantizan un superávit primario del 1,5% del PBI y orden macroeconómico.
Sin embargo, la senadora riojana Florencia López cuestionó la coherencia de estas proyecciones y advirtió que una inflación subestimada puede derivar en mayor recaudación sin asignación específica, habilitando un manejo discrecional de los fondos y nuevos recortes encubiertos.
Un triunfo político con consecuencias a largo plazo
La defensa más enfática del proyecto llegó desde el oficialismo y aliados, que destacaron la necesidad de “orden financiero” y “responsabilidad fiscal”. Incluso Patricia Bullrich cerró el debate con un discurso de fuerte contenido simbólico, al afirmar que el superávit es una regla innegociable y que gobernar implica “decidir cuando duele”.
Pero el dolor no es abstracto: se traduce en menos inversión en hospitales, escuelas y universidades, y en mayores tensiones con las provincias. El Presupuesto 2026, aunque aprobado por el Congreso, deja abierta una discusión de fondo sobre el modelo de país que se construye cuando el ajuste fiscal se impone sobre la salud, la educación y la equidad territorial.
En síntesis, el Presupuesto 2026 representa un triunfo político para el Gobierno, pero también un retroceso en términos de desarrollo social y federalismo. La aprobación legislativa no elimina los riesgos: consolida un esquema que puede profundizar desigualdades y comprometer el futuro de áreas clave para el crecimiento sostenible de la Argentina.
