La estructura de ARCA, el organismo que reemplazó a la ex-AFIP, volvió a quedar bajo la lupa tras el nuevo ascenso de María Eugenia Fanelli, pareja de Andrés Vázquez, actual titular del ente recaudador durante el gobierno de Javier Milei. La funcionaria asumió la semana pasada como subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la Dirección General Impositiva (DGI), una de las áreas más sensibles y estratégicas del sistema tributario nacional.
El nombramiento se formalizó mediante la disposición 6/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Joaquín Pérez Tripodi, subdirector general de Administración. La designación se concretó apenas un mes después de que Vázquez asumiera la conducción de ARCA, tras reemplazar a Juan Pazo, y volvió a generar debate por la cercanía personal entre ambos.
Hasta este nuevo ascenso, Fanelli se desempeñaba como directora de la Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires, un cargo considerado de alta jerarquía dentro de la DGI, con un salario neto estimado entre 7 y 8 millones de pesos mensuales. Esa función ya había sido motivo de controversia, ya que había accedido a ella en noviembre de 2024, apenas siete días después de la llegada de Vázquez a la cúpula del organismo.
Antes de esa promoción, la funcionaria ocupaba un puesto de menor rango como jefa de una sección técnico-jurídica de la Secretaría Penal Tributaria, con ingresos que rondaban entre 3,8 y 4,2 millones de pesos. El rápido ascenso, que implicó saltear escalones intermedios de la carrera administrativa, despertó críticas internas y externas.
La disposición que oficializó su nuevo cargo aclara en su artículo 2° que Fanelli contará con licencia sin goce de sueldo en su cargo de planta permanente, una formalidad administrativa que suele incluirse en este tipo de designaciones. Desde el entorno de Vázquez insisten en que se trata de una funcionaria “de carrera”, con antecedentes y méritos suficientes para ocupar puestos de mayor responsabilidad.
Esa defensa se apoya también en resoluciones judiciales recientes. En mayo pasado, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó el sobreseimiento de Andrés Vázquez en una causa iniciada por presuntos conflictos de interés vinculados al ascenso de su pareja. La investigación había sido impulsada por la fiscal federal Paloma Ochoa, pero el tribunal concluyó que no existía conducta ilícita.
Meses más tarde, en septiembre de 2025, Vázquez obtuvo otro fallo favorable cuando el juez Daniel Rafecas remitió a Marcelo Martínez de Giorgi una causa que analizaba presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión tributaria. Aunque la investigación continuó con medidas impulsadas por el fiscal Guillermo Marijuan y otros organismos, el cambio de juzgado implicó un giro en el expediente.
La figura de Andrés Vázquez no es ajena a la polémica. De bajo perfil público, consolidó su llegada al poder durante la gestión de Milei a partir de vínculos con sectores de inteligencia y con figuras cercanas al Presidente. Su designación al frente de la DGI primero y luego de ARCA generó resistencias dentro del propio gabinete, aunque finalmente fue avalada con respaldo político directo.
En este contexto, el nuevo ascenso de Fanelli vuelve a encender el debate sobre transparencia, carrera administrativa y conflictos de interés en uno de los organismos clave del Estado. Mientras desde ARCA defienden la legalidad de las designaciones, las miradas siguen puestas en una estructura que maneja áreas estratégicas de la recaudación y el control fiscal en la Argentina.
