En una sesión especial marcada por fuertes posiciones encontradas, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Penal Juvenil impulsada por el oficialismo, que propone la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en casos de delitos graves. Con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, el proyecto obtuvo media sanción y pasó al Senado para su tratamiento definitivo.
La iniciativa forma parte de la agenda legislativa del Gobierno y plantea una reforma integral del régimen de responsabilidad penal adolescente, con un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas.
Reforma del Régimen Penal Juvenil: qué cambia
El proyecto aprobado redefine el marco normativo vigente y fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos considerados graves. Además, establece un sistema que combina penas proporcionales, medidas socioeducativas obligatorias y mecanismos de seguimiento orientados a la reinserción social.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca actualizar una legislación que consideran desactualizada y responder a nuevas dinámicas delictivas. Argumentan que el nuevo esquema introduce herramientas modernas para abordar la delincuencia juvenil, al tiempo que incorpora criterios de responsabilidad acordes a estándares actuales.
Un debate con apoyos y resistencias cruzadas
La discusión parlamentaria expuso profundas diferencias entre los bloques. Mientras algunos sectores defendieron la necesidad de fortalecer el sistema de justicia juvenil y garantizar respuestas ante delitos graves cometidos por menores, otros cuestionaron el impacto social de la medida y advirtieron sobre posibles efectos contraproducentes.
Las posiciones divergentes giraron en torno al alcance de la reforma, el tipo de sanciones previstas y el enfoque general del sistema penal para adolescentes. El eje del debate se centró en cómo equilibrar la seguridad pública, la protección de derechos de los menores y la prevención del delito.
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Próximo paso: tratamiento en el Senado
Con la media sanción ya otorgada, el proyecto será analizado por el Senado, donde se anticipa un nuevo escenario de debate. La definición final marcará un cambio estructural en el marco legal de responsabilidad penal juvenil y podría redefinir el abordaje estatal frente a delitos cometidos por adolescentes.
La aprobación en Diputados representa un paso clave en una reforma que impacta directamente en el sistema judicial, en la política criminal y en el debate público sobre edad de imputabilidad, justicia juvenil y seguridad ciudadana.
