La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la causa contra la exministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por los incidentes ocurridos durante una marcha de jubilados, sea investigada en el fuero federal. El expediente quedó radicado en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, en los tribunales de Comodoro Py, donde se analizará la posible comisión de apremios ilegales y abuso de autoridad durante el operativo policial.
La decisión de la Corte Suprema
La resolución del máximo tribunal fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes determinaron que el caso debe tramitarse en la justicia federal. El fallo coincide con el dictamen previo de la Procuración General de la Nación, que sostuvo que las actuaciones de un funcionario nacional durante el ejercicio de su cargo corresponden exclusivamente a ese fuero.
Según el criterio adoptado por la Corte, cuando se investigan decisiones tomadas en el marco de operativos de seguridad federal, la competencia corresponde a los tribunales federales y no a la justicia ordinaria.
Leer más: La verdad que pocos conocen: qué pasa si nunca apagás el celular
El origen de la causa judicial
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el diputado Horacio Pietragalla (Fuerza Patria), vinculada a los incidentes ocurridos durante una manifestación contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Durante aquella jornada se registraron enfrentamientos y un importante despliegue de fuerzas de seguridad. El operativo dejó un saldo de aproximadamente 30 personas heridas, entre ellas ocho trabajadores de prensa, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.
El eje de la investigación apunta a determinar la responsabilidad política y operativa de Bullrich, quien habría supervisado el procedimiento policial desde el centro de comando.
La disputa por la competencia judicial
Antes de llegar a la Corte Suprema, el expediente atravesó una serie de conflictos de competencia entre distintos juzgados. El magistrado Marcelo Martínez De Giorgi había intentado apartarse inicialmente del caso, argumentando que el debate sobre el “protocolo antipiquetes” ya estaba siendo analizado en la justicia ordinaria mediante un habeas corpus.
Sin embargo, el juzgado nacional rechazó esa interpretación y devolvió el expediente, señalando que investigar la conducta de una ministra en funciones constituye un asunto de competencia federal.
Posteriormente, el procurador general Eduardo Casal reforzó esa postura al afirmar que la similitud entre causas no justifica modificar las reglas de jurisdicción establecidas.
Una nueva etapa en la investigación
Con la decisión de la Corte, la causa quedó definitivamente radicada en Comodoro Py, donde el juez Martínez De Giorgi iniciará la recolección de pruebas y evaluará testimonios, registros operativos y órdenes emitidas durante el operativo de seguridad.
El objetivo será determinar si las decisiones adoptadas durante la represión excedieron los límites legales del uso de la fuerza y si existieron responsabilidades penales en la actuación de las autoridades.
