En un paso clave hacia la resolución de conflictos territoriales, organizaciones campesinas e indígenas de Santiago del Estero lograron un acuerdo con una empresa del grupo Aceitera General Deheza, poniendo fin a una prolongada disputa por tierras en el departamento Alberdi.
El entendimiento involucra a familias de los parajes Las Carpas, San Roque, La Melada y Yunta Pozo, integrantes de la comunidad indígena Sacha Sumaj del pueblo Lule-Vilela y pertenecientes al Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina. Por el sector privado participó la firma Las Guindas S.A., parte del conglomerado agroindustrial.
El conflicto, que se extendió durante varios años y abarcaba unas 1.500 hectáreas, giraba en torno a la titularidad y el uso del territorio. La firma del acuerdo se realizó en el Fórum, con la intervención activa del Gobierno provincial, que actuó como mediador a través de distintas áreas técnicas e institucionales.
Entre los presentes estuvieron el titular del grupo empresario, Roberto Urquía, junto a representantes legales, y referentes del MOCASE como Adolfo Farías, Cristina Loaiza y José “Guina” Cuellar.
Leer más: “Nunca Más”: el MoCaSE marchó en todo el país por la memoria
Un modelo de convivencia
El convenio establece un esquema que permite compatibilizar la producción agroindustrial con las prácticas tradicionales de las comunidades, como el pastoreo y el uso ancestral del territorio. Además, se fijaron pautas para un uso responsable de los recursos y mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de lo acordado.
En este marco, el MOCASE asumirá un rol clave como garante, supervisando que se respeten los compromisos y que las familias puedan sostener su forma de vida.
Desde las organizaciones destacaron el valor del diálogo y la intervención estatal como herramientas fundamentales para alcanzar soluciones duraderas. En tanto, desde la empresa remarcaron que el acuerdo se logró en un clima de respeto mutuo, con el objetivo de promover un desarrollo equilibrado entre producción y cuidado ambiental.
La participación del Estado provincial, a través de la Mesa de Diálogo y Tierra, resultó determinante para encauzar el conflicto y consolidar un acuerdo que prioriza la paz social y el desarrollo sostenible.
