En medio de la creciente disputa por el financiamiento del sistema universitario argentino, la Justicia resolvió suspender de manera provisoria la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a transferir fondos a las universidades.
La decisión fue tomada por el juez de primera instancia Martín Cormick, quien dispuso la medida a la espera de que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Qué implica la decisión judicial
La resolución alcanza específicamente a los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.
Estos artículos contemplan:
- recomposición salarial para docentes y nodocentes
- actualización de partidas presupuestarias
- financiamiento de becas estudiantiles
Con la medida judicial, lo que queda en suspenso no es la ley en sí, sino la posibilidad de exigir judicialmente su cumplimiento inmediato.
En términos prácticos, las universidades no podrán ejecutar el cobro de esos fondos hasta que haya una definición superior.
El camino hacia la Corte Suprema
La suspensión responde a un pedido del Poder Ejecutivo, que el 17 de abril presentó un recurso extraordinario federal para que el caso sea analizado por la Corte Suprema.
Actualmente, ese planteo está siendo evaluado por la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III, que deberá decidir si habilita la instancia ante el máximo tribunal.
El fallo del juez Cormick otorga así efecto suspensivo a la cautelar hasta que la Corte se expida.
Un conflicto que suma capítulos
El nuevo fallo se produce luego de que, el pasado 31 de marzo, la misma Cámara fallara a favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), confirmando la cautelar que ordenaba al Gobierno cumplir con la ley.
Esa resolución había sido interpretada como un respaldo al reclamo universitario.
Sin embargo, la nueva decisión introduce un freno temporal en la ejecución de esos fondos.
La reacción de las universidades
Desde el CIN aclararon que la medida no resuelve la cuestión de fondo y anticiparon que será apelada.
“Mientras tanto lo vamos a recurrir”, indicaron, remarcando que el eje central del conflicto —la constitucionalidad y aplicación de la ley— sigue en discusión.
En la misma línea, el equipo legal de las universidades consideró que la decisión carece de sustento jurídico y ya trabaja en su impugnación.
La mirada sindical
Desde el frente sindical universitario interpretaron la medida como un paso procesal dentro de un conflicto mayor.
Sostienen que:
- los fallos favorables a las universidades siguen vigentes
- pero se suspenden temporalmente las acciones para exigir su cumplimiento
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, fue crítica con la resolución.
“Es un guiño al Gobierno, sin resolver la cuestión de fondo. No definió si corresponde que la cautelar llegue a la Corte, pero sí le dio efecto suspensivo”, afirmó.
Incertidumbre en el sistema universitario
El fallo abre un escenario de incertidumbre para las universidades públicas, que quedan a la espera de una definición clave por parte de la Corte Suprema.
Mientras tanto, el conflicto por el financiamiento suma un nuevo capítulo, con impacto directo en salarios, funcionamiento institucional y políticas de acceso educativo.
