La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo con la detección de movimientos por más de US$100.000 en billeteras virtuales asociadas al funcionario, entre ellas Binance y Lemon. Esas operaciones quedaron incorporadas al análisis patrimonial que llevan adelante la Justicia y la fiscalía.
El expediente por Manuel Adorni billeteras virtuales está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes buscan determinar si los gastos, inversiones, movimientos bancarios y operaciones inmobiliarias relevadas desde fines de 2023 resultan compatibles con los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, los investigadores analizan entradas y salidas de dinero en plataformas usadas habitualmente para operar con criptoactivos. El foco está puesto en establecer la trazabilidad de esos fondos y determinar si corresponden a operaciones declaradas o si deben sumarse al universo de dinero pendiente de justificación.
El informe clave que espera la fiscalía
La fiscalía aguarda un reporte de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, conocida como DAFI. Ese organismo interviene en investigaciones complejas vinculadas a delitos económicos y podría ordenar parte de la información financiera reunida hasta ahora.
En el expediente no solo se revisan movimientos digitales. También se analizan consumos, transferencias, operaciones inmobiliarias, deudas hipotecarias y pagos en efectivo que, según la hipótesis de los investigadores, podrían no estar reflejados en las declaraciones patrimoniales.
A partir de ese relevamiento, en la Justicia evalúan la posibilidad de avanzar con un requerimiento formal de justificación patrimonial. Si esa medida se concreta, Adorni tendría 15 días para responder y presentar documentación que respalde el origen de los fondos observados.
ARCA podría intervenir en el análisis fiscal
La causa también podría sumar la intervención de ARCA para revisar presuntas operaciones no registradas. El objetivo sería ampliar el control fiscal sobre pagos y movimientos atribuidos al funcionario, pero también sobre otras personas mencionadas en el expediente.
Entre los nombres que aparecen bajo revisión está Matías Tabar, contratista que declaró por trabajos realizados en propiedades vinculadas a Adorni, entre ellas un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. También figura Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron como acreedoras en la venta del semipiso de la calle Miró al 500 adquirido por el funcionario.
Los pagos bajo análisis abarcan arreglos en propiedades, gastos de escribanía, adelantos sobre hipotecas y cuotas mensuales de deudas vinculadas a inmuebles. Para los investigadores, ese conjunto de operaciones forma parte de una reconstrucción más amplia sobre el origen del dinero utilizado.
Gastos, viajes y operaciones inmobiliarias
La investigación avanzó luego del levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti. A partir de esa medida, la Justicia pudo ordenar información sobre consumos, cuentas, transferencias y movimientos vinculados a distintas operaciones patrimoniales.
Dentro de ese relevamiento también apareció una herencia recibida tras la muerte del padre del jefe de Gabinete. Según los datos incorporados al expediente, Adorni posee el 33% de un terreno heredado y además figura un departamento donde reside su madre.
En paralelo, la Justicia revisa viajes y gastos realizados en destinos como Aruba, Bariloche, Punta del Este, Río de Janeiro e Iguazú. Los números bajo análisis indican que, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, los gastos detectados superarían los US$452.000, mientras que las deudas observadas rondarían los US$335.000.
Hasta el momento, Adorni negó haber cometido enriquecimiento ilícito y transmitió a su entorno que podrá justificar tanto los gastos realizados como las obligaciones económicas pendientes. La definición central del expediente dependerá de si la documentación reunida logra explicar el origen de los fondos y la compatibilidad entre ingresos, consumos, deudas y operaciones detectadas.
