El Gobierno nacional envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Discapacidad que propone modificar de manera profunda el sistema actual, incorporando mayores exigencias para acceder a las pensiones y eliminando beneficios clave que habían sido ampliados en la normativa anterior.
La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, llega en un contexto de tensión política y cuestionamientos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que continúa sin aplicarse pese a fallos judiciales.
Reempadronamiento obligatorio y riesgo de pérdida de beneficios
Uno de los ejes centrales del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todas las personas que actualmente perciben pensiones por invalidez.
Quienes no cumplan con este requisito deberán:
- acreditar nuevamente su condición médica
- demostrar su situación socioeconómica
- presentar antecedentes laborales
En caso de no hacerlo, la ley establece la suspensión automática y posterior baja del beneficio.
Además, se prevé un sistema de fiscalización cruzada entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, que permitirá detectar inconsistencias y suspender pensiones de manera preventiva.
Eliminación de beneficios de la ley anterior
El nuevo proyecto introduce cambios que implican un claro retroceso respecto a la normativa vigente.
Entre los puntos más relevantes, se destacan:
- eliminación de artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad
- fin del criterio amplio de inclusión que había ampliado el acceso a beneficios
- vuelta a un esquema más restrictivo basado en invalidez laboral
Esto significa que se reduce el universo de beneficiarios y se endurecen las condiciones de acceso.
Incompatibilidad con el trabajo formal
Uno de los cambios más cuestionados es la introducción de una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal.
De aprobarse:
- una persona con discapacidad no podrá trabajar en blanco y mantener el beneficio
- se eliminan incentivos para la inclusión laboral
- se restringen derechos adquiridos en la ley anterior
Además, se suprimen programas que promovían la contratación de personas con discapacidad en empresas.
Cambios en el sistema de prestaciones
El proyecto también modifica el funcionamiento del sistema de salud vinculado a la discapacidad.
Entre las medidas:
- eliminación del nomenclador nacional
- desregulación de aranceles
- negociación directa con obras sociales y prepagas
Esto implica una pérdida de referencia en los costos y un posible deterioro en la calidad de las prestaciones.
Pensiones atadas a la mínima y sin actualización automática
El nuevo esquema fija el monto de las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Pero elimina:
- aumentos adicionales por invalidez laboral
- compensaciones por zona desfavorable
- actualización automática por inflación
En un contexto inflacionario, esto representa una pérdida del poder adquisitivo.
Un cambio de modelo
La comparación con la legislación vigente muestra una diferencia estructural.
Mientras la ley anterior:
- ampliaba derechos
- incluía más beneficiarios
- garantizaba actualizaciones
El nuevo proyecto:
- restringe el acceso
- endurece controles
- reduce beneficios
En términos concretos, implica un cambio de paradigma en la política de discapacidad.
Debate político y escenario legislativo
El proyecto ingresó por el Senado, donde el oficialismo considera que tiene mayores posibilidades de avanzar.
Sin embargo, se anticipa un fuerte debate político, especialmente entre sectores que apoyaron la ley de emergencia y ahora deberán definir su posición frente a estas modificaciones.
