Tras más de diez horas de debate, el Senado de la Nación otorgó la media sanción al proyecto de Ley de Propiedad Privada impulsado por el oficialismo. La iniciativa fue aprobada en general con 37 votos afirmativos y 34 negativos, luego de que el Gobierno decidiera retirar uno de los capítulos más cuestionados para garantizar el respaldo de bloques aliados.
La modificación eliminada correspondía a los cambios propuestos sobre la Ley de Manejo del Fuego, que había generado resistencia entre representantes de fuerzas provinciales y legisladores de la Patagonia. La decisión fue anunciada durante la sesión por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, lo que permitió destrabar el tratamiento del proyecto.
Con este cambio, el texto quedó centrado en dos ejes principales: la agilización de los procesos de desalojo y la incorporación de nuevas condiciones para las expropiaciones que pueda realizar el Estado.
Desalojos con plazos más breves
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa establece que los procesos de desalojo por ocupaciones ilegales se tramiten mediante juicio sumarísimo, con el objetivo de acelerar los tiempos judiciales.
Además, prevé que los propietarios puedan solicitar la restitución inmediata del inmueble ocupado en cualquier etapa del proceso judicial, bajo determinadas condiciones.
Para los casos de incumplimiento en el pago de alquileres, el proyecto fija un plazo de diez días hábiles para desocupar la vivienda tras la intimación correspondiente. También habilita que las notificaciones puedan realizarse mediante el domicilio electrónico establecido en el contrato.
A pedido de sectores de la oposición dialoguista, el texto incorporó garantías adicionales cuando existan menores de edad o personas con discapacidad, obligando a la intervención de organismos de protección antes de concretar un desalojo y otorgando un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional.
Cambios en las expropiaciones
El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones, estableciendo mayores requisitos para que el Estado pueda declarar un bien de utilidad pública.
La propuesta exige que toda expropiación tenga un fin claramente identificado y que la medida resulte necesaria, proporcional y adecuada al objetivo perseguido.
Asimismo, redefine el esquema indemnizatorio, limitándolo al valor objetivo del inmueble y a los daños directos comprobables. El reconocimiento por lucro cesante quedará sujeto a estrictas condiciones y con límites establecidos por la normativa.
También se introdujeron modificaciones para facilitar la regularización dominial de inmuebles rurales, ampliando el alcance del régimen de usucapión previsto en la denominada Ley Pierri para agricultores familiares.
Debate político y manifestaciones
Durante la sesión, el bloque de Unión por la Patria intentó que el proyecto regresara a comisión para continuar su análisis, pero la moción fue rechazada por 38 votos contra 31, lo que permitió continuar con el tratamiento legislativo.
El debate estuvo acompañado por fuertes cruces entre oficialismo y oposición respecto del alcance de las reformas y sus posibles efectos sobre el derecho a la vivienda, la propiedad privada y las facultades del Estado.
Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se registraron manifestaciones contra la iniciativa. Hacia el final de la jornada se produjeron incidentes entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad, con enfrentamientos que derivaron en personas detenidas.
Con la aprobación en general, el proyecto avanzó a la votación en particular y continúa su recorrido parlamentario dentro del Congreso de la Nación.
