El Gobierno nacional avanzó con la promulgación de la reforma de la Ley de Glaciares, introduciendo modificaciones de fondo en el régimen de protección de estas reservas estratégicas de agua dulce. La medida fue oficializada mediante el Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, dos semanas después de su aprobación en el Congreso.
La nueva normativa —Ley N° 27.804— establece un cambio significativo en el esquema vigente desde 2010, al redefinir el alcance de la preservación de glaciares y ambientes periglaciares en todo el país. La sanción legislativa se había concretado el pasado 8 de abril, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la transferencia de facultades hacia las provincias, que a partir de ahora tendrán un rol determinante en la aplicación de la ley. Cada jurisdicción podrá fijar sus propios criterios técnicos para definir qué cuerpos de hielo y zonas periglaciares quedarán bajo protección.
Este cambio implica una modificación sustancial respecto del régimen anterior, que establecía un marco más amplio y uniforme de resguardo ambiental. Con el nuevo esquema, aquellas áreas que no sean consideradas estratégicas bajo los parámetros provinciales podrían quedar fuera de la protección específica de la ley.
La decisión abre un nuevo escenario en la gestión de los recursos naturales, donde se busca fortalecer el rol de las provincias en la administración de sus territorios, aunque también reaviva el debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y cuidado ambiental.
